Reflexiones y opiniones sobre situación de la Araucanía

Por Pedro Huichalaf Roa

El cambio de gabinete recién ocurrido, mostró la tendencia de Piñera de contar con ministros de la derecha más conservadora, contraria al proceso por nueva constitución y en la que tratarán de entorpecer el proceso o influir decididamente para que no existan cambios a la actual constitución.

Es por ello que no es de extrañar que en este mensaje de unidad, a su sector más duro, el actual Ministro del Interior Víctor Pérez, realizara su primer viaje a la Araucanía, y generara un peligroso discurso enfocado en la Araucanía, y en la llamada “violencia rural”. Habló que no existen presos políticos, de existencia de terrorismo y grupos con capacidad militar y financiamiento, que lo van a combatir y que la violencia puede agravarse.

Discurso provocador, que a menos de 48 horas tuvo una manifestación clara de los grupos radicales al sentirse con pleno apoyo del gobierno para actuar, en forma directa contra comunidades Mapuche.

La toma de municipalidades, ocurrida hace días, se realiza sin violencia y como un acto de manifestación política por la salud de los comuneros Mapuches en huelga de hambre, por la salud del Machi Celestino Córdoba y por las demandas legítimas como pueblos originarios.

La toma u ocupación de inmuebles como municipios o instituciones públicas, son medios de presión que son ocupados en forma transversal por distintas organizaciones, sin que sea exclusivamente de pueblos originarios. Lo hemos visto en demandas estudiantiles, por situación habitacional, laboral, etc., existiendo claramente pasos, procedimientos y protocolos para resolver la situación, jamás siendo la intervención de civiles la forma de actuar o proceder.

Por eso, la situación de desalojos en municipios de La Araucanía muestran una doble excepción que marca un antes y después, en las formas de actuar.

Por un lado, se genera inmediatamente después de los gestos del Ministro de criminalizar nuevamente la causa Mapuche y no dar espacios a diálogo o solución política, sino simplemente policial.

Por otro lado, existió un acto concertado, acordado y definido por grupo de personas que aludiendo a recuperación de espacios municipales, manifestaron su faceta racista, al borde del fascismo y con un nivel de violencia que significó ataques a Mapuches y sus bienes. 

“El que no salta el mapuche” fue la consigna más representativa de actitud racista, mientras atacaban, golpeaban, quemaban vehículos y hacían barricadas, todo a centímetros de Carabineros y con la venia previa del nuevo ministro del interior, puesto que la policía no detuvo a ningún manifestante y hasta aceptó.

Racismo en su máxima expresión que se debe rechazar en forma decidida, junto con actos de autotutela como los vistos, que representan los últimos estertores de fascismo que debemos erradicar de raíz.

Llama poderosamente la atención que estos actos de violencia se realizaran simultánea y sucesivamente en todos los municipios tomados por Mapuche, junto con el hecho que se realizó por cientos de manifestantes, en plena pandemia, en horario de toque de queda y en donde no existió ninguna intervención militar, responsables del cumplimiento de las prohibiciones de salir de hogar en horarios nocturnos.

La responsabilidad principal de esta provocación tiene nombre y apellido, Víctor Pérez, por la omisión del orden público, por el fomento al surgimiento racista y discriminador, de sentirse apoyados por policías para atentar contra comuneros Mapuches y por incumplir todo protocolo institucional para actos de esta naturaleza.

La mesa del PPD debe exigir responsabilidad política tanto en dichos como acciones del Ministro de Interior, del Ministro de Defensa y de investigar, sancionar y castigar a todo aquel participante que haciendo caso omiso a medidas sanitarias excepcionales por pandemia, COVID-19, actuaron de forma directa, con violencia no autorizada, causando lesiones y daños sin justificación. Pero además sus actos explícitos reflejan actos racistas, que abiertamente debemos rechazar en Chile a cualquier nivel.

Este tipo de situaciones generará más violencia, justo cuando estamos en un momento clave como es la discusión en el Congreso sobre la participación real de pueblos originarios en el proceso constituyente, con escaños reservados. Se suma al plebiscito por una nueva constitución. Ambas son demandas sociales claramente manifestadas con el estallido social. Pareciera ser que el gobierno deseara contaminar el proceso constituyente con este tipo de circunstancias, para así justificar algún reparo a la elección, evitando que las personas, por miedo a infectarse con coronavirus o por actos de violencia, vayan a votar a favor de una nueva Constitución, o simplemente endurecer una posición de un sector conservador de la sociedad, con consignas claras en un momento en que se encuentran divididos. Se actúa como cuando frente a problemas políticos internos en Bolivia, se apelaba al sentimiento antichileno para unir y desviar la atención.

Es el Presidente de la República, quien debe representar a todos los chilenos, debe actuar decididamente y cortar de raíz este tipo de tendencias antidemocráticas, pero es un imperativo de partidos políticos progresistas, como el PPD, rechazar en forma tajante estas graves manifestaciones de intolerancia, racismo, discriminación y aires de supremacía racial y social.