“Plan Nacional de Seguridad Pública 2018 – 2022”: ¿Como vamos?

La discusión del  Presupuesto  de  La Nación correspondiente  al año 2020, particularmente en lo que concierne  al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus servicios  e instituciones vinculadas, y el debate constante por medidas para enfrentar el aumento de criminalidad y violencias  se constituye  en la instancia privilegiada para adquirir información, debatir  y conocer de primera  fuente por parte del legislador el estado de situación con respecto a los compromisos anunciados en diversas instancias por el Ejecutivo (Acuerdo Por la Seguridad (2018) y otros) en materia de seguridad, convivencia, abordaje violencias, acción policías, resultados, etc.. En particular, es relevante conocer del compromiso del Ejecutivo con respecto a la articulación y puesta en  funcionamiento de  un Plan Nacional de Seguridad  Pública 2018 – 2022, instrumento clave para la  gestión sistemática en materia de seguridad, reconocido como política pública y buena práctica por organismos internacionales (BID, ONU, CAF, EURO SOCIAL y otras) y desarrollado  por diversos países latinoamericanos, incluyendo Chile, desde la década del 2000 a la fecha.

Se reconoce  en  América Latina que desde las experiencias iniciales instaladas  en Brasil en 1997 (1. Plan Nacional de Seguridad Pública – 2.Plan de Integración y Monitoreo de  Acciones de Prevención de la Violencia (PIAPS) ) practicamente  todos los paises de la región cuentan con alguna formula  e instrumento de estrategia y plan nacional de seguridad pública e idealmente ciudadana que incorpora un conjunto de acciones y criterios ordenadores, estrategias, prioridades, metas, objetivos, atención a enfoques, indicadores, sistemas de evalución y una oferta de programas locales y otros, idealmente  desde un enfoque integral  y transversal , integrando acciones en materia de prevención, control, sanción  y reinserción social, así como relevando la descentralización de funciones y un enfoque desde  la participación ciudadana, la coproducción de seguridad  y abordando fenómenos de  inseguridad.

 Para el caso chileno, desde el año 2004 hasta el año 2018 los diversos gobiernos asumieron una cierta lógica de Política de Estado en seguridad pública e inicialmente (incipientemente) en seguridad ciudadana, siendo uno de los hitos iniciales  de este derrotero  el denominado Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana (2003) convocado por el Ministerio del  Interior de la época  y que concluye en la  formulación del documento  Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en Chile (abril 2004) antecedente para luego desarrollar la Primera Política Nacional de Seguridad  Ciudadana (2004 -2010); la Estrategia Nacional de Seguridad (2006 – 2010); el Plan Chile Seguro (2010 – 2014) y el Plan Nacional de Seguridad Pública: Seguridad Para Todos (2014 – 2018). Durante el primer semestre del año 2018 (abril) el actual Gobierno convoca al denominado  “Acuerdo Por La Seguridad” instancia en la cual, entre  otras materias, se anuncian 150 medidas en seguridad pública (71 de ellas focalizadas en modernización policial) y se anticipa la implementación de un plan nacional;  hoy, luego de 18 meses,  se desconoce  de  su existencia, amplitud, elementos y resultados.

Sobre el antecedentes de este Plan  también se  hace mención en múltiples documentos oficiales según se describe:

1.- Mensaje Presidencial a la Nación de fecha mayo de 2018 en lo referido a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Capítulo III Plan de Acción Para el Periodo 2018 – 2022; subcapítulo II , Eje III: Un Chile Seguro y en Paz para Progresar y Vivir Tranquilo;  literal b: Fortalecimiento de la Acción del Estado en la Prevención del Delito:

“b.  FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO: Con el fin de fortalecer la acción del Estado en la prevención del delito, se implementará un Plan Nacional de Seguridad Pública 2018-2022, que incluya un plan comunal -sobre la  base de diagnósticos locales y generación de línea base, de manera de realizar una correcta evaluación de impacto posterior-, y una nueva Ley de Prevención de la Violencia y el Delito que, en general, se haga cargo coordinadamente de los factores de riesgo que afectan a la población. De la misma manera, se realizará trimestralmente un Consejo de Gabinete de Seguridad Pública, en el que participarán los encargados de la materia de cada una de las carteras pertinentes y que será coordinado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, para llevar adelante las acciones transversales que se requieran ejecutar. La dictación de la Ley N °20.965, que crea los Consejos Comunales de Seguridad Pública, entrega mayores atribuciones a las municipalidades en materias de seguridad pública. En este marco, se revisará  el rol de los Consejos Comunales como coordinadores y articuladores en materias de persecución y control, para lograr una efectiva participación de las entidades locales en este tipo de instancias. Capacitar y certificar a los municipios en materia de prevención situacional, esta capacitación incluye a todos los órganos del municipio que gestionan proyectos a nivel local, que impactan sobre la seguridad, de modo que todos ellos tengan incorporadas estas variables.”

2.- En Informe oficial del mes de octubre de 2018 de la  Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sobre proyecto implementación STOP, la representante de l  Ejecutivo señala lo siguiente:   “La Subsecretaría de Prevención del Delito, doña Katherine Martorell, señala que el STOP (Sistema Táctico de Operación Policial) no puede ser entendido  como el único mecanismo para solucionar el problema de la delincuencia. Se trata solamente de una herramienta quepermite medir la gestión policial, particularmente a nivel  local, y que está inserta en unconjunto de medidas que incluyen el Plan Nacional de Seguridad Pública anunciado por elPresidente Piñera durante su campaña, el cual está pronto a ser publicado, y las 150 medidas que forman parte del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, entre las cuales se contempla una modernización de las policías y el trabajo con los municipios”.            

3.- Lo anterior se reafirma en la Discusión Presupuestaria de  la Partida del Ministerio del  Interior y Seguridad Pública 2019, correspondiente a la Subsecretaría de Prevención del Delito (Nov. 2018) y luego en  la aprobación de la Glosa 07 (dic. 2018).Es así como el Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana (Programa 01 -Items 041) corresponde a la continuidad del Fondo Nacional de Seguridad Publica, instrumento tipo  fondo concursable y que en su Glosa 07  señala qie “con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal, para la ejecución de programas o proyectos de seguridad ciudadana que formulen municipios, universidades y entidades privadas sin fines de lucro, destinados a mejorar las condiciones de seguridad de la población, de acuerdo a los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito 2018 -2022”. En este punto se  hace alusión específica a un Plan del cual no se conocen antecedentes y sería necesaria su información para identificar prioridades, ejes articuladores, sistemas de  evalución , etc. y su coherencia con el presupuesto discutido y actualmente aplicado.

4.- Y luego se ratifica en documento oficial Resolución Exenta N°544 de la Subsecretaría de Prevención del Delito  del 05  de abril de 2019 que modifica la Resolución Exenta N°520 del 19 de marzo de 2018 denominado Modificación de Bases y Criterios de Evaluación  Fondo Nacional de Seguridad Pública 2019 que señala en sus Resuelvos: “Conforme a aquello, la Ley N° 21125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, y específicamente,  su glosa 07 “Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana”, Partida 05, Capítulo 08, Programa 01, Sbtítulo 24, Item 03, Asignación 041, del presupuesto asignado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, contemplan que –con cargo a dichos recursos- se podrá financiar la ejecución de programas y proyectos de seguridad ciudadana que formulen municipios, universidades y entidades privadas sin fines de lucro destinados a mejorar las condiciones de seguridad de la población, de acuerdo a los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito 2018 – 2022”.

Como se ha relevado anteriormente, un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia que aborde la temática  desde un enfoque integral  y sistemático, elejado de lo intuitivo y del efectismo,  se constituye y reconoce en un foco prioritario para una política de Estado en seguridad y es clave para un abordaje serio,  alejado de simplismo , responsable con los indicadores evidentes de  aumento de delitos violentos y violencias y del determinismo de miradas no adaptativas (D. Garland), distante del populismo punitivo, de la ingente  instalación de pánico moral (S.Cohen) y de  la denominada gestión por espasmos (E.Pazinato).

Oscar Carrasco

Experto en seguridad ciudadana y convivencia

Fundación Por la Democracia