Maximalismo en la Convención Constitucional juega en contra de reformas de Boric

Por Jaime Rubio Palma

La designación del gabinete que conformó el presidente Boric, contradijo la teoría previa de los anillos concéntricos y optó por la alternativa de “un solo gobierno, dos coaliciones” (Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. La primera conformada por dos alianzas electorales distinta [Frente Amplio y Chile Digno]). El liderazgo del Presidente tendrá que alinear a esos 3 sectores con identidades políticas distintas que mantienen una competencia electoral entre ellos. El acoplamiento entre ellas durante el ejercicio gubernamental y el proceso legislativo de las reformas serán esenciales para cumplir la agenda programática prometida a la ciudadanía. En las diferentes carteras se han nombrado personas con amplia capacidad político-técnico que estaban disponibles en el progresismo; con experiencia en la gestión del Estado y conocedores muchos de ellos (as) de las tensiones que ello implica y cómo se resuelven para viabilizar las reformas en su camino a través del proceso legislativo y también para buscar salidas razonables a las tensiones intra gobierno.

Según la encuesta Criteria, existe una evaluación positiva de la opinión pública que ha visto en el gabinete designado un colectivo paritario, con más diversidad, más acorde con el sello de la modernidad y conectados con el Chile real; con distintas edades, gente joven y la experiencia de gente mayor. Además, la impresión “simbólica” que dejó el presidente con el nombramiento de sus ministros y ministras es que ejerció un claro liderazgo, ya que no se limitó a entregarles cuotas de representación a los partidos que lo apoyan, sino también abrió espacio a figuras independientes muy calificadas en un número no menor.

Mientras, en la designación de las subsecretarías en las diversas carteras, Boric tuvo más de una complicación, luego que los miembros de Apruebo Dignidad reclamaran un evidente desequilibrio al interior de las fuerzas políticas que conforman al entrante oficialismo, considerando que la representación del PS en el gabinete, fue en desmedro del PC, RD, Comunes y otros movimientos menores de AD. El mantra de que se va a gobernar sin cuoteo político y se gestionaría el Ejecutivo priorizando las capacidades técnicas-profesionales del elenco gubernamental, superando de esta manera las viejas y malas prácticas de la política “tradicional”, ha quedado nuevamente como una quimera ante la realidad de lograr la gobernabilidad interna de la nueva administración, pesando más el equilibrio de representación según la fuerza de cada uno de los partidos o movimientos que sostienen políticamente a un gobierno, lo que se ha transformado en un leitmotiv.

Desde el mismo entorno de Apruebo Dignidad (AD) han expresado críticas por motivos ideológicos a la integración al gabinete de personeros pertenecientes a partidos del llamado Socialismo Democrático, crítica que no entiende la gravedad del momento y la importancia que este nuevo ciclo político necesariamente requiere sumar fuerzas más allá de esa coalición que en el Congreso está en una manifiesta minoría (al parecer la amplitud les fastidia). El sistema multipartidista existente en el país fomenta las negociaciones. Además, el Congreso chileno nunca ha ofrecido a los presidentes mayorías basadas en un único partido, lo que exige conversaciones, concesiones y acuerdos entre los distintos partidos. Las alianzas plurales han sido la norma en Chile, no la excepción.

También desde sectores de izquierda y centroizquierda han expresado preocupación por la nula integración del PDC en la arquitectura del nuevo gobierno, ya que es esencial contar con dicho partido para aprobar proyectos de leyes relevantes en el Congreso. Lo anterior inquieta porque desde la falange han manifestado un alto grado de desencanto por el trato que -acusan- han recibido. La Realpolitik aconseja que se envíen señales de reconocerlos como potenciales colaboradores y se les conceda espacios, ya que de no hacerlo, se arriesgaría alienar un partido que será fundamental en votaciones en la próxima legislatura en el Parlamento, pues con solo AD y el PS, PPD y PR en el Congreso no alcanza. Por tanto, es vital para el gobierno entrante mantener al PDC en la centroizquierda en lugar de empujarlo a transformarse en un partido desgajado de sus aliados históricos para conformar un centro que difiera las reformas, ya que sin sus votos, al menos en el Senado, dejan al futuro oficialismo en minoría, y sin posibilidades de obtener mayorías en la Cámara de Diputadas y Diputados, impidiendo, por ende, viabilizar el plan de gobierno de Gabriel Boric a nivel legislativo, lo que comportaría un escenario de cambios irrealizables en la próxima legislatura a iniciarse en marzo.

Según una encuesta de Tuinfluyes, un porcentaje alto de los encuestados (28%) espera que la primera tarea del futuro gobierno es detener el flujo irregular de migrantes y el 25% de la muestra cree que el primer proyecto que debería impulsar el Gobierno de Gabriel Boric, es la intervención en barrios donde se concentra el narcotráfico. Esto significa que la nueva administración tendrá que gestionar una agenda impuesta por una realidad imposible de obviar, teniendo en cuenta “que la especialización y la evolución que ha tenido el crimen organizado es por la incorporación de extranjeros” (..) “Son personas que han traído otros “productos” que aquí en Chile no existían” (Axel Callís, director de Tuinfluyes, El Mostrador, 2 febrero). Esto podría relegar la recuperación económica, el control de la Pandemia, el descontrol migratorio y el desborde de la violencia en la macrozona sur a ser una agenda secundaria.

No será una tarea fácil para el nuevo gobierno enfrentar estos temas, particularmente por las posiciones previas del Frente Amplio y del PC en relación a la cuestión migratoria y la violencia asociada a la reivindicación mapuche. Ahora serán juzgados por su capacidad de ejercer el orden público, la paz social y la seguridad para que la gente pueda circular libremente por las calles sin riesgos y que se castigue severamente a quienes delinquen, lo que obligará salirse del enfoque ideológico y aplicar las leyes, en concordancia a un respeto irrestrictico a los DD.HH y en dialogo con los diferentes actores involucrados para que las iniciativas a concretizar cuenten con la suficiente legitimidad social, como ejemplo, la expulsión de inmigrantes ilegales y el desarme imprescindible de los grupos autonomistas mapuche. Será un difícil desafío de abordar para el FA y el PC, pero indispensable para que la agenda principal de transformaciones no ocupe un lugar secundario, como asegurar la Estabilidad fiscal, consensuar una reforma tributaria (un nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas, reducción de exenciones, Impuestos a la riqueza, Impuestos verdes, royalty a la gran minería, medidas contra la evasión y la elusión), junto a un cambio sustantivo al sistema de pensiones.

El gobierno de Boric estará obligado a lidiar con las restricciones económicas nacionales e internacionales, como también las reacciones de la opinión pública y la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, particularmente de la oposición de derecha que mantendrá posturas distintas: una dialogante representada por la UDI y parte de RN mientras el gobierno mantenga un respaldo popular mayoritario, pero fuertemente cuestionadora si dicho respaldo se difumina en vísperas del próximo ciclo eleccionario (municipales). En tanto, el Partido Republicano levantará las banderas de rechazo a las reformas desde el primer día. Por tanto, será clave aprovechar el primer año para que el nuevo gobierno presente sus reformas y, en el caso que el proceso constituyente se convierta en exitoso al proponer un texto que priorice diseñar un orden constitucional que configure las bases de una democracia más horizontal, garantice un estado de derecho, protección social, pluralismo político y equilibrio de poderes, acreditaría ser respaldado por la gran mayoría del país, lo que generaría, a la vez, un ambiente social favorable para impulsar las reformas, ampliando las posibilidades de éxito de las mismas en un Parlamento que tendría que adecuarse a la voluntad expresada positivamente en el plebiscito de salida.

Por eso, es esencial advertir que, si persiste el desapego con la realidad de las propuestas presentadas por algunos constituyentes con normas maximalistas preñadas de exacerbación partisana en las comisiones de la Convención Constituyente, complota contra la construcción de la “casa de todos” y solo puede derivar en el fracaso del proceso constituyente y, por consiguiente, crearía un clima para obstruir las reformas en el Parlamento. Por consiguiente, los sectores integrantes de la Convención Constituyente vinculados a la coalición Apruebo Dignidad, tienen una gran responsabilidad para que la racionalidad y la serenidad se hagan presente en los debates en dicha instancia.