Declaración Pública: Reducir movilidad en las grandes urbes del país

La cuarentena en la Región Metropolitana ha sido un fracaso. Estudios de redes de telefonía celular muestran una reducción casi inexistente de la movilidad desde el inicio de la cuarentena extendida en la región.  Esto sucede no solo por la gran cantidad de personas que transitan sin permisos temporales, también por la gran cantidad santiaguinos que se desplazan contando con estos permisos y salvoconductos otorgados por sus empresas.  Informes de las fiscalizaciones muestran que apenas un 0,5% de personas fiscalizadas transitan sin permiso.  Los patrones de movilidad son las vías naturales de la propagación territorial de COVID19 sobre el territorio nacional, regional y comunal. La comunidad científica ya alertó desde el mes de marzo que había que restringir la movilidad de las personas. La idea de hibernación lanzada por Espacio Público obtuvo escasa resonancia entre las autoridades. El Gobierno solo limitó más permisos y generó mayor fiscalización, lo que fue positivo. Pero el ministro de salud reconoció que la movilidad NO disminuye. La llamada Batalla de Santiago se está perdiendo y con ello, la vida de miles de nuestros compatriotas.

Para cambiar esto, se requiere una estrategia agresiva hasta reducir los contagios y con ello dar una mejor oportunidad para cortar la cadena de transmisión utilizando la detección y aislamiento de casos y contactos para un control sostenido de la pandemia.

Primero, se requiere redefinir lo entendido por servicios esenciales. Actualmente existe abuso de esta definición y se establece con “manga ancha”. La autoregulación no funciona, y el gobierno debe ejercer sus facultades que le confiere el estado de excepción.  Para una etapa de medidas intensas, se deberían restringir a que funcionen estrictamente solo las cadenas logísticas de suministros entendidas como parte de la infraestructura crítica (salud, abastecimiento de alimentos, combustibles, telecomunicaciones).  Estas definiciones deben ser públicas y transparentes. Todas las áreas, empresas o servicios que mantienen funcionamiento en zonas de cuarentena, deberán contar con estrictos protocolos sanitarios, con cuadrillas de supervisión interna y fiscalización externa por parte de las Mutualidades y Gobierno.  Las demás labores que no sean parte de la infraestructura crítica deben cesar sus actividades y acogerse a un plan de cuarentena para impedir mayor propagación de la pandemia. Experiencias internacionales en esta materia hay en varios países Europeos, China y estados como el de California en EEUU.  

Realizado lo anterior, y el pago del ingreso de emergencia, se requiere limitar el uso de transporte público solamente para personas que cuentan con permisos.  Esto se debe controlar, con fiscalización arriba de los medios de transporte y asociando cada permiso con el número de una tarjeta BIP, que de lo contario se desactiva.  Con esto, se reduce no solo la movilidad, sino también los contagios dentro de los mismos medios de transporte.

Una gran campaña, con amplia publicidad y rostros de confianza ciudadana, que apela a las personas para adherir a las medidas es fundamental para limitar sus desplazamientos por un período acotado, entendiendo esto como un acto solidario entre tod@s.

Complementariamente, se propone desarrollar un sitio web público de venta desde locales de barrio hasta pymes,  esto es, un marketplace estatal, con diversificación de medios de pago, y apoyando y fortaleciendo un delivery seguro, pues son claves cuando se interrumpen los patrones de movilidad para llevar bienes y servicios a esos lugares. 

Con estas medidas, de una cuarentena extrema cumpliendo un ciclo de contagio (14 días) tenemos recién una oportunidad de quebrar la tendencia de contagios.