Un nuevo pacto por la democracia

Chile ha enfrentado muchos estallidos sociales y momentos de convulsión. La formación de la República se estructuró en medio de revueltas y motines; la irrupción de las ideas liberales y progresistas nació con levantamientos antiautoritarios; sufrimos una cruenta guerra civil; la Constitución de 1925 surgió de una crisis política tras años de debate sobre la cuestión social; González Videla e Ibáñez enfrentaron estallidos por las tarifas del transporte los años 49 y 57; y, desde luego, la encarnizada lucha política y social de los 70 derivó en una larga y cruenta dictadura.

Partiendo de esa mirada larga, de las pocas certezas sobre nuestro actual momento histórico, es que debemos ordenar nuestras decisiones a partir del compromiso con la democracia y los derechos humanos. Eso implica decisiones firmes y claras: esta crisis política y social debe tener una solución democrática y evitar cualquier tentación populista o autoritaria. El error de involucrar de nuevo a las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales es que las daña en su legitimidad. Y, asimismo, es impropio de una izquierda democrática pedir, en medio de una crisis, la renuncia de un Presidente de la República elegido democráticamente.

Lo que resulta evidente, desde nuestra historia, y ahora, es que Chile debe encarar sus desigualdades. No basta el crecimiento, aunque es necesario, ni la disminución de la pobreza. Las propuestas que le hemos hecho al Presidente Piñera apuntan a reformas estructurales para superar la inequidad.

Es razonable que él plantee su mirada; pero, por el bien de Chile, debe asumir que su agenda fracasó, que es inviable social y políticamente. Una vocación democrática exige disposición al cambio y, lamentablemente, hasta ahora no la ha entendido. La crisis se ha extendido y profundizado por su resistencia a acuerdos reales y sustantivos.

También es meridianamente claro que se debe terminar con los múltiples abusos. El Presidente Piñera se resiste a esa necesidad. No quiere intervenir los mercados no competitivos, como las farmacéuticas. No va al fondo de los mercados regulados, de la luz, el transporte o el agua. No asume que hay contratos abusivos, como en las concesiones. No hay una agenda que ataque los efectos ambientales de sectores industriales. Recién ahora la derecha apoya la rebaja de la dieta parlamentaria, pero la quiere condicionar a que se reduzca el pluralismo del Congreso.

Con la misma firmeza y apertura al diálogo con que hemos ido a La Moneda, reitero que el camino de solución a la crisis es iniciar y crear condiciones para un nuevo Pacto Social, por la igualdad, la paz social y la democracia, cuyo sustento sea una nueva Constitución, que se decida mediante un plebiscito.

Una nueva Constitución no resolverá todos nuestros problemas, pero la actual no reconoce los derechos sociales que hoy reclama la gente, ni considera la participación ciudadana. Además, está llena de impedimentos para atender las legítimas demandas por un medio ambiente saludable, seguridad social o la defensa de los consumidores. La actual Constitución tampoco le permite al Estado orientar el desarrollo para asegurar la sostenibilidad y la equidad.

En suma, las reglas del juego en el país deben cambiar, con un plebiscito para una nueva Constitución y un Pacto Social. El tiempo apremia para adoptar las decisiones en esta dirección.  (El Mercurio)