Reflexiones para (tratar de) entender la crisis de Chile

Por Heraldo Muñoz

Este ensayo, basado en una discusión realizada en Chile 21,  pretende intentar entender el estallido social del 18 de octubre, que ha desencadenado la mayor crisis política y social desde la recuperación de la democracia en 1990. Y quizás una de las crisis más profundas de nuestra historia republicana.

¿Por qué estalló esta crisis? ¿Por qué con tanta rabia, fuerza y violencia? ¿Por qué las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en democracia? ¿Qué fue lo que no se percibió o sintió?  ¿Qué fue lo que no se quiso ver? ¿Y cuáles pueden ser los caminos de salida? Una hipótesis a explorar es que el estallido social del 18 de octubre fue un levantamiento de las clases medias, y no de los sectores sociales más pobres y marginados.

Partamos con algunas observaciones del contexto histórico reciente para entender las raíces del estallido social.

De donde surgió la crisis

Chile creció a tasas impresionantes en décadas pasadas, particularmente durante los años 90, registrándose notables avances sociales como la reducción de la pobreza del 39% en 1990 al 8,6% en 2018, un significativo aumento en el ingreso del 10% más pobre, el incremento del gasto fiscal en educación y salud, el ascenso de capas pobres a una clase media-baja –aunque vulnerable–, y un mejoramiento moderado en la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini. Pero si comparamos estos indicadores positivos con las protestas del 18 de octubre en adelante, resulta evidente que las cifras no cuentan toda la historia.

Estaríamos ante lo que observó Alexis de Tocqueville en L´Ancien Regime et la Revolution, de una “revolución de expectativas crecientes”. Es decir, como casi todas las revueltas, la nuestra no se produjo en medio de la pobreza sino en un marco de avances que develaron lo mucho progresado y la desigualdad aún reinante. Como decía Tocqueville, el peso de la opresión se hace más insoportable mientras más liviana; o en las palabras del historiador francés: “el mal, soportado pacientemente como inevitable, se hace insoportable tan pronto como la idea de escapar de aquello se hace concebible”. El abuso, la discriminación de antaño en una sociedad marcadamente más desigual ya no se hizo tolerable en una sociedad que había cambiado, con mucha más gente con mejor educación, con acceso al consumo, y con conocimiento de lo que sucedía fuera de nuestras fronteras gracias a las redes sociales y a la era digital.

La democracia recuperada en 1990, después de la dictadura, se fue consolidando con sobresaltos bajo los múltiples candados de la Constitución del 80, que pudimos reformar varias veces, aunque siempre con enorme dificultad. Baste recordar que Pinochet continúo amenazando la democracia en reconstrucción como Comandante en Jefe del Ejército, hasta 1998. No es de extrañar que tan solo el año 2005 se recuperara la facultad presidencial de remover a los Comandantes en Jefe de las FFAA y del Orden, y se eliminaran los senadores designados. Recién el 2015 se pudo cambiar el régimen binominal por uno semi-proporcional, cuando ya quedaba claro que el binominal no era del todo beneficioso para la derecha.

Durante la campaña presidencial de Ricardo Lagos a fines de los 90 ya percibíamos señales de disconformidad social. Por eso su lema de campaña fue “Crecer con Igualdad”. Es decir, el progreso económico de Chile no llegaba a los hogares de todos los chilenos con la equidad que la gente anhelaba.

Ya teníamos síntomas de que nuestro crecimiento era desigual, y que los avances sociales no eran suficientes. Por eso, se desató el debate entere “autocomplacientes” vs “autoflagelantes”. Poco antes, en 1997, Tomas Moulian había sido la primera voz en sintetizar las críticas al modelo imperante en su obra Chile Actual: Anatomía de un Mito.

El debate sobre el modelo

Y aunque la democracia se afianzaba, se registraban niveles preocupantes de apatía y distancia entre las elites y la ciudadanía. La derecha y los poderes fácticos se encargaban de poner luces rojas: no se podía tocar las AFP, ni las Isapres, ni el agua, etc., todas sujetas a la lógica del mercado y no a la racionalidad social. La economía de mercado se extendía a una sociedad de mercado.

Algunos de los nuestros se compraban el modelo y el mensaje, y no fue inusual que algunos salieran a recorrer el mundo a promocionar el sistema de pensiones de capitalización individual, o entraran a directorios de AFP, Isapres o universidades privadas. Y si el modelo funcionaba, para que cambiarlo –decían algunas voces.

En este periodo, de 1990 al 2005, según el documento Diez Años de Auditoría a la Democracia: Antes del Estallido, elaborado por el PNUD, se perciben claros indicios de disminución de la satisfacción de los ciudadanos con la democracia y una imagen más negativa del futuro que en años anteriores. Se registra un proceso de distanciamiento entre las personas y la política, y una adaptación obligada de las elites políticas a las limitaciones de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura.  ”Las elites tendieron a focalizarse en la negociación política, desligándose progresivamente de la sociedad civil organizada”, sostiene el texto Diez Años de Auditoría a la Democracia.

Nadie discutía en ese entonces –ni discute ahora, al menos en la centroizquierda– la necesidad de mantener la responsabilidad fiscal, equilibrios macroeconómicos, y crecer; pero, sí había incomodidad con el modelo neoliberal, con las claras señales de abuso, inequidad y maltrato hacia los más vulnerables, en áreas claves como el acceso a la salud y la educación. No sorprendió del todo, por ello, que, en 2006, en pleno primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, estallara la revolución de los pingüinos, la masiva movilización liderada por estudiantes secundarios reclamando el derecho a la educación.

Como tendió a imponerse la lógica tecnocrática del manejo de la economía, se hizo más difícil diferenciarnos de la derecha respecto al modelo económico, pese a las buenas políticas públicas. La ciudadanía terminó entonces por elegir, el 2010, la versión original del modelo.

Entretanto, ocurría una repolitización con el surgimiento de nuevas demandas, nuevas inquietudes, y nuevas fuerzas políticas. El feminismo, los movimientos ecológicos, los grupos animalistas se comenzaron a visibilizar con fuerza, así como el surgimiento de nuevos partidos y movimientos.

 El país se fue haciendo más liberal e igualitario culturalmente. Y, paralelamente, la política comenzó a fluir por canales extrainstitucionales, debido al descontento social y la personalización de la política y el faccionalismo en los partidos políticos.

Y el mundo cambió

Cuando volvimos en 2014 con el ánimo de recuperar el tiempo perdido y relanzar reformas sociales profundas, el mundo estaba cambiando profundamente a partir de la aceleración de la era digital, con la democracia directa de las redes sociales, con el ascenso de Facebook, Instagram y Twitter a expensas de los medios de comunicación tradicionales. El fenómeno de los desencantados ya no era solo característico de Chile; los indignados, los populistas, los enrabiados, las fake news ya eran de alcance global, expresados en los triunfos electorales de Trump, Bolsonaro, Duterte; en los autoritarismos de Erdogan, Viktor Orban y Putin; en el triunfo del Brexit y la dispersión de la unidad europea.

A modo de ilustración del clima global, una encuesta IPSOS de 2019, que incluyó a 27 países, reveló que un 66% de las personas encuestadas consideró que los políticos tradicionales ignoran su opinión, y el 70% creen que la economía está organizada para favorecer a los ricos y poderosos.

El Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge, luego de analizar más de 25 estudios internacionales y 3.500 encuestas con las perspectivas de 154 países, concluye que el 2019 culminó con “el nivel más alto de descontento democrático jamás registrado”. La proporción de personas insatisfechas con la democracia pasó del 47,9% en 1995, al 57,5% en2019. Las razones son variadas y se diferencian dependiendo si se trata de países desarrollados de Occidente o bien países en desarrollo. América Latina es la región con la crisis más profunda de legitimidad de la democracia, de expectativas decepcionadas después de las transiciones democráticas.

En América Latina, durante las transiciones, se fueron haciendo cada vez más frecuentes las reelecciones amañadas, la desigualdad, la corrupción extendida, el deterioro de las instituciones, la deficiente provisión de servicios, la persistente criminalidad y el desencanto ciudadano que votaba con los pies, migrando a lugares con mejores horizontes, como Chile.

El trasfondo de desigualdad y la brecha generacional

El 2017 el PNUD publicó un informe sobre Chile titulado Desiguales, donde se apunta al trasfondo de desigualdad que ha caracterizado a Chile históricamente, siendo la desigualdad de ingresos la más evidente. Entre los países de desarrollo humano “muy alto”, Chile es el que presenta la peor desigualdad de ingresos, siendo el país No. 16 entre los más desiguales del mundo en términos de ingresos, según los datos del Banco Mundial. En Chile el 1% más rico del país concentra un tercio de los ingresos del país, mientras que el 5% captura más de la mitad del ingreso total.

Y como bien sostiene el economista italiano Luigi Zingales en una entrevista en EM (13/1/20): “la economía chilena no solo es inequitativa; además, muchos negocios relevantes están en manos de pocos conglomerados y familias, que incluso concentran el poder tanto o más que la riqueza”

El libro Desiguales apuntó a otras desigualdades, como las de género, étnicas, territoriales y, especialmente, la que más molesta a la ciudadanía: la desigualdad de trato, que se expresa en las relaciones interpersonales, así como en el trato recibido de ciertas instituciones. En 2016, 4 de cada 10 personas declaraban haber recibido malos tratos, que atribuían a su clase social o al hecho de ser mujeres. En suma, en Chile se percibía una creciente sensación de injusticia, de reglas desiguales dependiendo si se trataba de la elite o del pueblo, solo remediable a través de la primacía de un principio de igualdad de dignidades.

La irrupción de casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, sumada a la opacidad del quehacer político, fueron agregando descrédito a la política por parte de la ciudadanía. Muchas instituciones, desde la iglesia hasta las FFAA y Carabineros, cayeron estrepitosamente en las encuestas de evaluación ciudadana.

Las reformas políticas y de probidad para mejorar las reglas del juego democrático tales como el voto voluntario, las primarias, el reemplazo del sistema binominal, la nueva ley de partidos políticos y el fortalecimiento del Servel fueron demasiado tardías como para recuperar o detener la caída en la confianza ciudadana que afectaba al sistema político-institucional.

La continua politización fragmentada, según sostiene el informe Diez Años de Auditoría a la Democracia, se fue expresando en el aumento de la desafección con la política institucional y por el alza en acciones políticas y apoyo a acciones más disruptivas, como las tomas o las barricadas. Paralelamente, se consolidó una brecha generacional entre jóvenes y adultos en materia de participación y acciones políticas disruptivas; los jóvenes justificando ciertas acciones de violencia, a diferencia de los adultos.

Una encuesta de la Universidad Diego Portales y Feedback a jóvenes entre 18 y 29 años demuestra que un 37% de los encuestados aprueba realizar barricadas, en tanto solo un 33% las rechaza, y que, si bien un 60% rechaza incendiar estaciones de metro, un 14% aprueba estos actos de violencia. La misma encuesta revela que en el 2019 un 61% de los jóvenes encuestados participó en alguna manifestación en la vía pública, cifra que casi duplica el 31% registrado el año 2011 marcado por las movilizaciones estudiantiles. Para estos jóvenes, la confianza en los medios de comunicación cayó de un 60% en el 2009 a un 7% el 2019, en tanto la confianza en las redes sociales saltó de un 17% el 2009 a un 52% el 2019,

Con la desaceleración económica, los miedos de las clases medias a sufrir una enfermedad catastrófica en la familia con la imposibilidad de enfrentarla en el sistema de mercado de salud, o a recaer en la pobreza al acercarse a la vejez por las pensiones indignas, se hicieron más patentes.

El incremento de la tarifa del metro fue la chispa que encendió la pradera. La arrogancia y falta de empatía de un ministro que respondió que para evitar las tarifas más altas del horario punta del metro había que levantarse más temprano, y otro que frente a las alzas recomendó comprar flores porque habían bajado de precio, se constituyeron en abiertas provocaciones para el estallido social. La declaración presidencial de que estábamos “en guerra”, torpemente agravó la situación.

Entonces, este ha sido un estallido social de clase media; de quienes se sienten vulnerables a recaer en la pobreza, frente a la imposibilidad de seguir progresando debido a los abusos, por la porfiada desigualdad, por el endeudamiento para llegar a fin de mes, por la amenaza del desempleo, y las reglas del juego siempre en contra de los sectores aspiracionales. La encuesta ya mencionada de la Universidad Diego Portales y Feedback, revela que, de los jóvenes participantes en protestas según el nivel socioeconómico, los mayores porcentajes provienen de los grupos de clase media y clase media alta.

Y numerosas encuestas demuestran una disociación entre la satisfacción de las personas con sus vidas personales y familiares, cuya valoración tiende a ser relativamente alta, con su juicio de lo que pasa o puede pasar en el país, que tiende a ser muy negativo. Es decir, pareciera que la satisfacción radica, como lo ha observado varios analistas, en la esfera de lo doméstico. Este es un reto para la acción colectiva.

¿Y ahora qué?

Creo hay tres pistas para una salida desde una perspectiva progresista a esta crisis nacional.

Primero, sobre la base del “Acuerdo para la Paz Social y la Nueva Constitución” que firmamos el 15 de noviembre en la madrugada, es necesario avanzar en el proceso constituyente. Este es el mayor logro político en décadas y resulta prioritario crear las condiciones propicias para que el plebiscito del 26 de abril, que contempla la alternativa de una nueva constitución, se desarrolle con amplia participación y sin temores.

La derecha está desarrollando una estrategia del terror para que la gente vote por el Rechazo, centrada en la violencia, en el vandalismo, en los saqueos, y en un clima de conflicto generado tanto por las continuas violaciones a los DDHH de parte de la policía, así como por los enfrentamientos de grupos violentos en las calles y en los estadios. La derecha apunta a centrar la discusión pública en el fenómeno de la violencia para incrementar el porcentaje de quienes se inclinen por el Rechazo, a que la concurrencia a las urnas no sea masiva y, por último, a restarle envergadura y legitimidad al resultado de un eventual triunfo del Apruebo debido al clima de violencia.

La otra veta de la estrategia de la derecha es llamar a “rechazar para reformar”. Esto no es más que un engaño, puesto que la primera papeleta del plebiscito solo tendrá las opciones del Apruebo o Rechazo, no existiendo una alternativa imaginaria intermedia. Y quienes impulsan esta estrategia nunca han sido partidarios de reformas profundas a la Constitución por voluntad propia. Si se vota Rechazo, se vota por la actual Constitución.

Creo importante enfrentar políticamente a quienes estuvieron durante parte de la negociación del 15 de noviembre, y después se restaron y la descalificaron como una negociación “entre cuatro paredes”. Y ahora si bien han cambiado de parecer y llaman a votar por el apruebo y la convención constitucional, afirman erróneamente que esta no sería una Asamblea Constituyente (AC). Su versión de una AC es “plenipotenciaria y soberana”, que pueda disolver el Congreso Nacional y los demás poderes del Estado, rompiendo así con la institucionalidad democrática. Esta es una versión de AC que no aceptamos, y que no se acordó el 15 de noviembre.

Urge llamar a votar y movilizarse unitariamente por una nueva constitución. Pese a nuestro empeño unitario, no habrá un solo comando unitario por el apruebo. El Frente Amplio decidió privilegiar su propia identidad y sus figuras emblemáticas. Con todo, debido a nuestra insistencia, hemos logrado conformar una Coordinación Permanente opositora que permitirá despliegues territoriales, actividades culturales y capacitación común de apoderados. De igual manera, en la franja electoral televisiva se expresarán diversos comandos con la posibilidad de algunos elementos en común.

La paridad de género, la existencia de escaños reservados para los pueblos indígenas, y la presencia competitiva de listas de independientes son componentes claves para una constituyente que refleje la diversidad del país. A propósito de paridad de género, cuando Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945, aun no tenía el derecho a sufragar en Chile, al igual que todas las mujeres del país de ese entonces. Lograr estos objetivos no es un asunto para después del plebiscito, sino mucho antes. En eso estamos, aunque, en virtud de los quórums legislativos, se hace necesario contar con la voluntad del oficialismo para estos propósitos.

Segundo, avanzar hacia un gran Pacto Social con justicia tributaria nos parece indispensable.

La crisis social se ha traducido en un reclamo de dignidad. Eso requiere, por lo tanto, una visión integral y una respuesta medular. Lamentablemente, la respuesta del Gobierno ha sido el impulso a medidas sociales limitadas, suponiendo que estamos ante una crisis coyuntural. Este error persiste. Se sigue sin mirar el conjunto, pues no hay perspectiva de largo plazo y, sobre todo, no hay financiamiento estable para los cambios.

Necesitamos construir un compromiso de Pacto Social de más largo aliento y, en especial, instalar una nueva arquitectura tributaria que permita financiar los gastos permanentes que se requerirán, con ingresos permanentes para cerrar las brechas de desigualdad del país.

Entre diversos actores sociales y de la sociedad civil, así como entre las fuerzas políticas de la oposición y también del oficialismo, hay una base de consensos que permitiría avanzar. Ya lo hicimos en torno al acuerdo para una nueva Constitución. Para llegar a un gran Pacto Social, será imprescindible contar con la presencia de los partidos oficialistas y con la presencia del Ejecutivo.

Por eso, hemos elaborado un Pacto Social que considera tres elementos: un Plan de Acción Social Inmediato; una Agenda de Reformas Sociales con un plazo a 5 años; y la creación de un Consejo Ciudadano, que acompañe las decisiones anteriores y supervise su implementación. En esta perspectiva seguiremos conversando con actores sociales y políticos.

Tercero, y último, debemos poner un sello de izquierda democrática, o socialdemocracia, a la salida a la crisis del país. Se requiere un cambio del modelo neoliberal a un modelo de estado de bienestar. Y debemos tener la personalidad y entereza para defender nuestra alternativa de izquierda moderada; de cambio seguro.

Principios claves como la promoción y defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la no-violencia, el desarrollo sustentable, y un modelo basado en la innovación y la agregación de valor, en vez del mero extractivismo, son elementos que debiéramos impulsar en la discusión sobre el futuro. Se requiere profundizar sobre el crecimiento que queremos, pues buena parte de la ciudadanía ya no cree en la promesa de que crecer más, trae prosperidad. Nuestra radicalidad debe apuntar al fondo de los problemas estructurales en juego en el país.

Nuestra opción debe estar claramente signada por la no-violencia. Violencia y democracia son términos antitéticos. La democracia es un camino que deliberadamente opta por aquellas formas de encausar el conflicto social por medios pacíficos. Por cierto, es paradójico que en democracia coexistan formas de violencia, pero en lo fundamental la apuesta democrática es por la política y los medios pacíficos.

Hannah Arendt, en su ensayo Reflections on Violence, nos recuerda que “la esencia de la acción violenta está gobernada por la cuestión de los métodos y fines, cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos, siempre ha sido que el fin está en peligro de sucumbir ante los medios”. Por eso, nuestra condena sin titubeos a toda forma de violencia, sin importar su procedencia.

Nuestro discurso y accionar debe llegar a la ciudadanía amplia y no solo a los movilizados; debe estar centrado en la construcción de un futuro para todos, en la esperanza en vez del rencor, en las clases medias emergentes y los más vulnerables. La moderación debe ser vista no como debilidad o ambigüedad, sino como la fuerza para proyectar poder ciudadano y cambios con gobernabilidad.

A diferencia del pesimismo que prima en estos tiempos, tengo moderada confianza en el futuro. Tengo la esperanza de que es posible salir adelante, y que podemos ser un país mejor, más justo y próspero, más democrático. De todos nosotros depende.

Febrero, 2020