1. Resumen del proyecto

Este proyecto de ley, que de modo informal ha sido indicado como de “sala cuna universal”, establece un subsidio para el pago de sala cuna, destinado a madres trabajadores y financiado a través de un fondo solidario.

Ppretende modificar el Art. 203 del Código del Trabajo que establece la obligación de sala cuna para toda empresa que emplee a 20 o más trabajadoras, a través de la creación de Fondo Solidario para Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna: Dará cobertura a hijos entre seis meses y dos años de trabajadores dependientes e independientes. El monto del beneficio asciende a una suma de $245.000 mensuales, más el costo de la matrícula. Será financiado con un cargo al empleador del 0,1% del sueldo de todos los trabajadores.   

Son bbeneficiarios del Proyecto de Ley, la madre trabajadora de un niño o niña menor de dos años, el padre trabajador que tenga el cuidado personal exclusivo de un niño o niña menor de dos años y el trabajador que, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

Se considera además la posibilidad de que el beneficio pueda ser solicitado por el padre del menor en representación de la madre trabajadora, cuando esta no haya requerido el beneficio. Para ello deberá presentarse poder notarial que autorice y documentos que acrediten calidad de beneficiaria de la madre.

El dinero será entregado directamente por la entidad administradora del fondo solidario al establecimiento. Si el recinto tiene un costo mayor, el adulto deberá financiar la diferencia.

  1. Observaciones al proyecto
  1. La gran debilidad del proyecto radica en no considerar la perspectiva de los Derechos de los niños y las niñas, permitiendo que sea el mercado quien regule el cuidado de la primera infancia a través de la entrega de los voucher, sin considerar en la posibilidad de continuar con los procesos de ampliación de cobertura liderados por el Ministerio de Educación e implementados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI y la Fundación Integra. 
  1. Se produce además una contradicción en el modelo de desarrollo que como país hemos ido implementando, al ir avanzando desde un Estado Subsidiario a un Estado Garantizador de Derechos.
  1. Legalmente reconocemos a la Educación como un Derecho el cual debe ser garantizado por el estado, y no expuesto a las reglas del mercado. La educación en cualquiera de sus niveles es un derecho, reconocido constitucional y legalmente. Sin embargo, el proyecto de ley establece la Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna como un beneficio.
  1. Este proyecto de ley no es UNIVERSAL como lo proclama, pues el derecho a la Sala Cuna es reconocido sólo para las mujeres que se encuentran en el mercado laboral y además cotizando, lo cual deja fuera a las estudiantes que también puedes tener hijos/as, a las mujeres que por distintas razones no se incorporan a la fuerza laboral formal.
  1. Es un proyecto que atenta contra la cohesión social, discriminando a los niños y niñas desde la más tierna infancia, pues los hijos/as de trabajadoras podrán acceder a las Salas Cunas pagadas e incluso efectuar un copago para continuar con la discriminación, en esta lógica las Salas Cunas del Estado (Junji e Integra) quedarían trabajando con los y las niños y niñas de menores ingresos.
  1. El aporte estatal al fondo no son nuevos recursos, sino que son los recursos que el Estado aportaba al Seguro de Cesantía de la ley N°19.728, y que el mismo proyecto de ley deroga. El informe financiero no justifica que esta derogación no afecte al Fondo del Seguro de Cesantía.
  1. Solo podrán ser prestadores de sala cuna para efectos de este proyecto las salas cunas privadas y las financiadas vía transferencia de fondos de JUNJI (VTF). Se excluye en consecuencia os jardines infantiles de JUNJI e Integra.
  1. El proyecto establece que, para efectos de poder percibir el beneficio, los establecimientos deberán cumplir, de acuerdo a la normativa vigente, con la obligación de autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, incluido aquellos establecimientos que tenga el empleador.

La autorización de uso establecida por la ley N°20.832, considera la exigencia menores requisitos que los dispuestos para el reconocimiento oficial del Estado, lo que se justificaba en que estos establecimientos NO recibían recursos públicos, y aquellos que, si lo hacen, deben cumplir con el reconocimiento oficial del Estado. 

  1. Aquellos establecimientos que reciben aportes regulares del Estado deben ingresar al Sistema de Desarrollo Profesional Docente que asegura que los profesionales de la educación que se desempeñan en ellos accedan al menos al tramo avanzado, que implica un desempeño óptimo, lo que tampoco se debe cumplir por los establecimientos privados que reciban el beneficio.
  1. En caso que el pago del beneficio deba realizarse a un establecimiento de educación parvularia VTF, se deberá descontar la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo 3° de la ley 20.905 y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sin embargo, la asignación de homologación es una asignación directa a los trabajadores y no un aporte al empleador, que se paga a todo el personal del jardín VTF y no solo a los que atienden niños que gocen del beneficio de sala cuna universal.

Finalmente, el monto del beneficio recibido dependerá del número de niños atendidos bajo la modalidad de beneficio de sala cuna, por lo que a mayor cantidad de personal que reciba la asignación mayor será el descuento, que sólo sería amortizado en caso de recibir gran cantidad de niños bajo esta modalidad.

  1. El proyecto no regula los aranceles de los establecimientos privados, por lo que éstos podrían cobrar un COPAGO a la madre trabajadora, a diferencia de los jardines VTF que son gratuitos.

Asimismo, el Beneficio incluirá el pago de una matrícula de hasta el mismo valor señalado, respecto de cada niño menor de dos años que haga uso del Beneficio. Sin embargo, los establecimientos VTF no cobran matrícula.

  1. En consecuencia, los establecimientos privados, que como ya señalamos deben cumplir con menores exigencias que los VTF para poder funcionar, podrán recibir mayores recursos que aquellos, por una prestación análoga.
  1. Por último, cabe hacer presente que el proyecto posee aspectos que son incompatibles con las normas del Decreto Supremo N°67, de Educación, de 2010, y sus leyes complementarias, que regula las transferencias de recursos a los jardines VTF, tales como feriado, extensión horaria, normas sobre asistencia, beneficios diferenciados por zona y egreso del sistema. 

Comisión Infancia FPD

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