Militarización de la seguridad interna, un derrotero (re)conocido

Por Oscar Carrasco, experto en seguridad ciudadana, comunitaria  y convivencia; ex Subsecretario de Prevención del Delito en Chile.

La incorporación de FF.AA en funciones y labores de seguridad interna es parte de un enfoque extendido en Latinoamérica y reconocible en los últimos 30 años  por sus malos resultados y particularmente aumentos de violencia y degradación de las fuerzas que lo acometen. Se trata de modelos y combinaciones desde los enfoques autoritarios y populistas de “mano dura” , cuya lógica   y objetivo inicial se declara para mantener el orden público. Se reconocen por medidas represivas contra delincuentes de bajo nivel, delitos menores y faltas, la reducción y suspensión de garantías procesales, uso de fuerzas militares y despliegue policial severo, represión de protesta social y otros. David Garland señala que estos enfoques responden a estrategias de negación o  no adaptativas y evidencian políticas públicas “politizadas, reactivas y populistas” (Garland, 2005). Además profundiza en la consecuencias de su incorporación y su contrastación con enfoques democráticos: “La militarización de la seguridad interna cristaliza la división entre el Estado y los ciudadanos y justamente eso es lo que la seguridad interna no debe hacer. Se trata de fomentar la gestión local de la seguridad donde sea el ciudadano quien pueda dar cuenta de lo que su entorno en la materia requiere y produce” (Garland, 2016).

Durante el mes de julio de 2019 el Presidente Sebastián Piñera anunció la firma de un decreto para otorgar atribuciones y funciones a FF.AA y Ministerio de Defensa con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y crimen organizado en las fronteras del país y agrega que esto “permite y facilita la colaboración de nuestras FF.AA en conjunto con nuestras policías en el control de nuestras fronteras, generando las fuerzas armadas un apoyo a través de todos los medios que ellos cuentan” (Piñera, S.; Julio 2019), hoy es una  práctica en dasarrollo acotado en la frontera nacional. Lo anterior es consistente con anuncios y acciones  previas del Subsecretario del Interior (2018) sobre extender a todo el país la actuación de FF.AA vía modelo Frontera Norte, instalación de tácticas policiales – militares en Región de  La Araucanía (Comando Jungla – 2018) y sus resultados  y coincidente con expresiones de parlamentarios UDI de solicitar  activación militar en poblaciones y barrios con presencia de economías ilegales como tráfico de drogas (2019).

A lo anterior y como parte de la crisis social y política que se desarrolla en Chile y que tiene su expresión mas evidente a partir del 18 de octubre, el Gobierno de Sebastián Piñera junto con expresar retóricas bélicas (guerra), intencionar un discurso de criminalización de la protesta social mediante la instalación de un enemigo interno en este caso “organizaciones narco”, “barras bravas”, etc. y antes externos como supuestamente “castro-chavismo”, grupos extranjeros, etc. y activar las lógicas del “miedo como pasión eterna” (A.Greimas), hoy   propone utilizar FF.AA, esto en el contexto de un “Acuerdo Por la Paz” y vía un Proyecto de Ley  que en lo sustantivo normaliza la militarización en Chile donde las Fuerzas Armadas pueden proteger infraestructura crítica sin recurrir a las facultades consagradas vía Estado de Excepción Constitucional.

Diversos autores y publicaciones apuntan a que el factor distintivo de la militarización está en el uso de la fuerza para defender la integridad del Estado en contraposición al paradigma democrático que antepone  las medidas preventivas diseñadas para garantizar la seguridad ciudadana  y en el cual los derechos humanos  son el eje central de la defensa de la integridad  física (Storr, S.  y López Portillo, E.; 2019) (Muggah, R; Garzón, J.C. y Suarez, M.; 2018); además desde los enfoques represivos – disuasivos  se invisibiliza el abordaje de  las múltiples causas y factores incidentes de delitos y violencias entre ellos desigualdad, economía, pobreza, urbanización, exclusión social, crimen organizado, desestructuración familiar, educación, entre otras.

Las decisión de aplicar enfoques desde la “mano dura” y la militarización de la seguridad interna buscan desde respuestas efectistas, represivas y reactivas  abordar aumentos de  indicadores de delitos y violencias y sus imbricaciones, responder a escenarios de aumento protesta social y política (criminalización en Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y ya se anticipa en Brasil), a la desconfianza en fuerzas policiales y la extensión en el continente de economías ilegales  y de paso responder a la presión de opiniones públicas y la búsqueda de resultados inmediatos .

América Latina y el caso México

Tal como se ha evidenciado en diversos informes e investigaciones  uno de cada cuatro asesinatos en el mundo ocurre en el grupo de países compuestos por Brasil, México, Venezuela y  Colombia. Además, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio a nivel mundial se encuentran en nuestra región.  Ante estos resultados  “la militarización de la seguridad ocurre tanto de forma directa por medio del ingreso de militares a labores de seguridad ciudadana, como militarizando los liderazgos y las prácticas de las policías. Ejemplos de militarización directa o indirecta sobran en México, Argentina e incluso en Chile. La conducción civil de la seguridad junto con la desmilitarización de la actividad policial, resultan ser desafíos centrales” (Vergara, E.; 2019).

Como señala Franz Vanderschueren, el caso y la evidencia de la militarización de la seguridad interna en México es paradigmático “el uso casi exclusivo entre 2007 y 2010 de la represión dirigida al crimen organizado y sus aliados con intervención policial y militar (los llamados “operativos conjuntos”) es la demostración más evidente del fracaso de esta estrategia y los límites dramáticos de este enfoque. Por una parte el crimen organizado mexicano, que ha sufrido bajas significativas (24 cuadros directivos entre 2007-2010 fueron arrestados o abatidos según Guerrero (2011: 32), está lejos de una derrota significativa en este país. Por otra parte se ha producido efectos contrarios a lo esperado en las ciudades donde los operativos conjuntos (policía y militar) en comparación a las otras ciudades y con respecto a lo que hubiera sido la situación sin estas intervenciones” (Vanderschueren, F; 2014).

 México, soldados desplegados y número de muertes de 2007 y proyección 2018:


Según el reciente informe “Seguridad Pública  Enfocada en el Uso de la Fuerza e Intervención Militar: la Evidencia en México 2016 – 2018” las consecuencias del modelo son categóricas: “el resultado de dos sexenios con una estrategia militarizada no sólo agudizó de forma considerable la violencia en México, sino que también la amplió. A pesar del fracaso de las estrategias militarizadas de seguridad y el involucramiento del ejército en violaciones graves a los derechos humanos, la opinión pública valora cada vez más su actual y posible contribución a la seguridad del país” señala el texto, y esto lo tiene muy clara la actual administración del país quien  ha profundizado estas lógicas de gestión e intervención con deficientes resultados.

De (re) militarización  a democratización y convivencia

Las distinciones en cuanto a  funciones de FF.AA y policías debiesen ser claras, para defender la nación ante amenazas externas existen las fuerzas armadas, mientras que para la seguridad pública están las fuerzas policiales. “Ambas tienen para sí el monopolio de la fuerza; pero la primera debe estar dispuesta a atacar, matar o morir en situaciones excepcionales de amenaza a la nación. La segunda, en tanto, debe hacer uso contenido de la fuerza, a menor escala y su accionar es cotidiano. Por ello, los miembros de una y otra tienen formación y entrenamiento distintos; sin embargo, no son pocos los casos de militares cumpliendo tareas asociadas a la seguridad pública en América Latina por estos días” (Zúñiga, L.: 2007).

Es  mas , según Sebastián Roché la policía “no es un ejército frente a un adversario  – aunque algunas autoridades prefieran caricaturalizarlo así-. La misión principal de las policías es la de producir confianza mediante la defensa de normas y valores superiores, contribuyendo  con ello a la cohesión social”(Roché, S.; 2019). Así  la búsqueda permanente es la de producir confianza y promover la legitimidad de las instituciones encargadas del control del delito y la prevención de la criminalidad  a partir de un apoyo ciudadano (seguridad ciudadana).

Tal como señala Bayley, “una fuerza policial es democrática cuando responde a las necesidades de individuos, de grupos privados y del gobierno. La mayor parte de las fuerzas policiales  son lo que yo denomino “policías de régimen”, preocupadas fundamentalmente de lo que el Estado requiere. La policía democrática, en cambio, orienta sus actividades fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las personas”. Las  características que debe asumir una policía democrática son: aplicar la ley, proteger derechos humanos, rendir cuenta y atender necesidades de ciudadanos. (Bayley, D.; 2006).

Como hemos visto la militarización de la seguridad interna es una práctica extendida en América Latina, que por lo general su expresión tiene como resultado la generación de más violencias, la instalación de temor y el afloramiento del miedo como mecanismo de control, la violación de Derechos Humanos, la normalización de lógicas y prácticas de guerra en contextos de orden público, la criminalización de la protesta social y el aumento de la crisis de confianza y pérdida de legitimidad democrática.