Declaración por proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

 El pasado domingo 14 de julio se publicó en distintos medios de prensa un inserto pagado por la Sociedad Nacional de Agricultura y otros cinco gremios de la producción, finanzas o comercio (CCHC, CPC, CNC, SONAMI y Asociación de la Banca), titulado “ALERTA, Reforma al Código de Aguas amenaza certeza jurídica y bienestar de la sociedad y las personas.” Este inserto contiene interpretaciones erróneas que inducen a la confusión e implica una visión sobre el rol del agua en el ecosistema que habitamos que no podemos compartir. 

No es correcta la afirmación de que el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas provenga del gobierno anterior, ya que se inició en 2011. No es cierto que la iniciativa esté próxima a pasar a la sala del Senado, ya que la Comisión de Agricultura solo ha votado una quincena de indicaciones, faltando por votar otras doscientas; además, concluido este trámite, faltaría su revisión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. 

No es efectivo que en el Senado se haya votado “sustituir el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) por uno de concesiones administrativas temporales”. Tampoco se “amarra la concesión a un uso determinado” ni permite la norma que la DGA actúe discrecionalmente o se preste “para malas prácticas.” Con frases de este tipo, dichas sin apego a lo que efectivamente se debate en el Congreso, será difícil que los parlamentarios tomen en serio esta “alerta”. 

El proyecto de ley propone que los derechos de aguas hoy existentes no sean perpetuos, sino indefinidos (para siempre, pero en la medida que se aprovechen) y que los derechos que se concedan en el futuro, sean a 30 años, renovables, salvo que no cuenten con obras de aprovechamiento. 

El agua en su fuente natural (lagos, ríos o acuíferos) pertenece a la sociedad, pero el derecho a extraer una determinada cantidad de agua en un punto determinado, se les concede a las personas para que aproveche esas aguas. Por eso se le llama derecho de aprovechamiento de aguas. Los derechos vigentes se mantendrían con una duración indefinida en el tiempo, salvo que los titulares se nieguen a: a) inscribir su derecho en el registro respectivo y b) aprovechar las aguas total o parcialmente. 

 El proyecto de ley establece que el agua es un recurso multifuncional, es decir, que además de cumplir un rol esencial en el desarrollo productivo, es también fundamental para asegurar la vida de los ecosistemas y que la sociedad debe garantizar siempre, por encima de cualquier uso, el derecho humano al agua potable, al saneamiento y, en general, los usos de subsistencia. 

Ya que el Código de Aguas y el Código Civil establecen que el agua es un bien nacional de uso público que pertenece a toda la sociedad, es perfectamente razonable en una democracia que la sociedad se preocupe de una gobernanza inclusiva del agua, de una gestión eficiente y sostenible del recurso y de que aquellos a quienes se le ha concedido el derecho de aprovechar las aguas, efectivamente la aprovechen, evitando la ociosidad, la especulación o un impacto negativo sobre la calidad de las aguas o los ecosistemas que habitamos. 

En un contexto de Cambio Climático, la sociedad precisa de estrategias de adaptación, modificando su marco regulatorio, pero también creando una institucionalidad para los recursos hídricos, que posibilite la investigación, innovación, inversiones estratégicas y la necesaria inclusión ciudadana. 

Santiago, 15 de julio de 2019 

FUNDACIÓN POR LA DEMOCRACIA
Víctor Barrueto 
Pía Castelli 
Carlos Estévez  Claudio Ibáñez 
Noelia Tastets  Eduardo Vergara 
Rodrigo Villegas  Paulina Saball 
Jorge Moreno  Jaime Rojas 
Marcelo Segura  Felipe Ulloa 
Jaime García  Patricio García 
Paz Suárez  Bernardo Martorell 
Pablo Santander  Pedro Huichalaf 
Gonzalo Peña 

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