¿Cómo avanzar hacia un transporte público con mayor integración de lo social?

El transporte público es una forma eficiente de movilidad de las personas, son los Estados los que deben asegurar la movilidad de los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión, es decir se debe facilitar su acceso de manera universal. Sin embargo, en Chile no existe una estructura tarifaria del transporte público que se relacione con usuarios que perciben el sueldo mínimo.

En Chile existen 2.600.000 de personas aproximadamente en situación de pobreza multidimensional (CASEN 2017), las cuales se encuentran al margen de los servicios básicos y también de los servicios de transporte público a nivel nacional. Santiago RM, el indexador (DS 140) que usa el PANEL DE EXPERTOS para calcular el valor del pasaje de Transantiago, ahora Red, no se relaciona en ninguna de sus variables con la renta mínima y excluye a las 500.000 personas de la capital que se encuentran en condición de pobreza multidimensional (Casen 2017).

A nivel nacional, son cerca de 850.000 hogares (Casen 2017) los que se encuentran en condición de pobreza multidimensional (4 dimensiones) y, por tanto, urge repensar un sistema de transportes con subsidios directos (en diferentes %) a las personas, de manera de asegurar su movilidad, además de subsidiar el sistema (transportes gratuito)  para jubilados que perciben pensiones solidarias.

Siguiendo con los datos de CASEN 2017, la partición modal de las personas bajo la línea de la pobreza multidimensional a nivel nacional se compone de: 1.100.000 usuarios de transportes públicos680.000 de automóviles670.000 que solo pueden acceder a la caminata como medio para trasladarse 220.000 que emplean la bicicleta. A nivel nacional, quienes frecuentan las redes públicas en general son del orden de 7.500.000 de personas.

A la luz de los antecedentes revisados, es urgente entonces reformular el sistema de transportes en el país para mejorar la calidad vida de las personas. Se propone realizar subsidios a los grupos en condición de pobreza y vulnerables, avanzar en estándares de calidad monitoreados por el ministerio de Transportes y Telecomunicación para todo el país, vinculando las tarifas del modelo estatal con el sueldo mínimo, es decir, que ningún hogar (4 personas) que percibe este piso de salario deba gastar más allá del 10% de su renta mensual en transporte.

Por otra parte, como ocurre en varios países del mundo (Europa, USA y algunos países de América Latina), para solucionar una de las dimensiones de la crisis actual, Chile debe implementar un sistema de compra de ticket mensuales (rebajado si se compara con los pases diarios) que permitan usar todo el sistema de transportes (buses, metro, trenes, etcétera) sin limitaciones diarias. Lo anterior, disminuye la evasión y genera aumento de ingresos del sistema para su operación, además de garantizar la integración social y justicia.